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Patricia Cifuentes Osorio
El sistema de salud en Colombia siempre ha sido precario, antes de la Ley 100 y después de ella. Pero antes con menos dinero se hacía más, porque los dineros de la salud no eran recortados ni por la intermediación de los grupos financieros ni por EPS y porque los trabajadores gozaban de algunos derechos de los que hoy carecen. Así y todo, se veían permanentemente amenazados por las imposiciones de los gobiernos y debían adelantar largas jornadas de protesta para conseguir los derechos o para defenderlos.
Con la promesa de una cobertura universal en salud, mejorar las condiciones de vida de los colombianos y acabar con la corrupción, se implantó la Ley 100. Han pasado casi dos décadas de aplicación de la ley y el resultado no puede ser peor. La salud de los colombianos se convirtió en un vulgar negocio para unos cuantos grupos financieros que parasitan en el sistema. Como lo ha denunciado el senador Robledo, todo “nada en un mar de pus”.
Hoy los dineros de la salud están siendo expropiados en forma desmedida por los negociantes del Cartel conformado por las 14 mayores EPS, con la complicidad de los gobiernos. ¿Cómo olvidar que el ponente de la Ley 100 ante el Congreso fue Álvaro Uribe Vélez? No podemos tampoco engañarnos con su continuador, Juan Manuel Santos, quien mantiene el mismo modelo privatizador y aprobó una reforma a la salud para asegurar a los intermediarios que sus empresas seguirán siendo enriquecidas a expensas de la enfermedad y la muerte de miles de colombianos. Ahí está el minhacienda Echeverry, sobre quien empiezan a recaer graves acusaciones.
Las EPS multiplicaron exageradamente su patrimonio en lo que va de vigencia de la Ley 100. Saludcoop, por ejemplo, inició con un capital cercano a los 2.500 millones de pesos. Hoy, su patrimonio puede estar sobrepasando el medio billón de pesos.
Es el caso de corrupción más grande en los últimos años. Los que a diario fallecen por falta de atención superan en número las muertes ocasionadas por todas las violencias que martirizan a nuestro país.
Interpretando el sentir de las mayorías, el senador Jorge Enrique Robledo, del PDA, libró el 3 de mayo un sonado debate en el que denunció los hechos de corrupción y exigió que sea derogada la Ley 100, como primer paso en la búsqueda de un modelo distinto. La salud no debe ser como hasta ahora un vulgar negocio en beneficio de unos grupos financieros, sino un derecho para toda la población. Quien desee ver el video, entrar a: http://bit.ly/kYcV3v.
La invitación es a seguir movilizándonos. ¡Basta ya! ¡No más abusos y corruptelas! ¡No más humillaciones! ¡La salud debe ser un derecho y no un negocio!
Posted in: Edición 2
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