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Patricia Cifuentes Osorio
El capital financiero al mando en los servicios públicos y con tasas de retorno del 16 por ciento. El desarrollo urbano de la capital, un modelo de desorden. Hay que tomar una decisión de Estado e intervenir el suelo. El sueño neoliberal: islotes de opulencia en medio de una metrópoli-miseria. Bogotá, con Índice Gini de 0,55. Tres multinacionales y doce familias, dueñas de Bogotá. Que las construcciones suntuarias paguen de verdad el impuesto de plusvalía.
La Franja Amarilla. En su concepto, doctor Aurelio Suárez, ¿cuál es el principal problema que sufre hoy la capital de la República?
Aurelio Suárez Montoya. Colombia está entre las seis naciones más desiguales del mundo y Bogotá es una de las tres ciudades más desiguales de Colombia, después de Medellín y Montería. La capital tiene un coeficiente de Gini cercano a 0,55. El dato le envía un mensaje muy claro a quien quiera pensar en la ciudad. La desigualdad es el problema principal, que debe resolverse de distintas maneras. Pero aquí se ha estado agravando, por ejemplo, con las alzas en las tarifas de los servicios públicos. Una encuesta reciente les preguntó a los bogotanos que señalaran, entre dieciséis causas, cuál era la que más deterioraba su situación económica, y el 38 por ciento de la gente respondió: “El costo de los servicios públicos”.
LFA. ¿Por qué los servicios afectan tanto el presupuesto familiar?
ASM. No solamente por la privatización, sino por la forma como se está privatizando. Hoy, en materia de energía, gas natural y transporte, todos los servicios públicos tienen incluida en la tarifa una tasa interna de retorno del 16 por ciento para los propietarios del negocio. Lo primero que habría que echar atrás para empezar a hacer correctivos de fondo en materia de desigualdad es esa escandalosa tasa del 16 por ciento en los servicios fundamentales. Lo que ha venido sucediendo hasta ahora con los servicios públicos en Bogotá son dos hechos. El primero, que se les entregaron a doce familias y a tres multinacionales. Y el segundo, que a las doce familias y a las tres multinacionales les otorgaron una tasa interna de retorno absolutamente escandalosa. Vamos a promover las reformas estructurales que Bogotá necesita en ese sentido, empezando por eliminar, repito, la tasa del 16 por ciento.
LFA. ¿En qué beneficiaría la medida a los usuarios?
ASM. Obvio, les traería una rebaja proporcional en las tarifas porque se les descontaría en sus facturas la tasa del 16%. Tendrán que renegociarse todos los contratos, como también la rentabilidad. Por ahí es por donde va a empezar a revertirse la privatización. Que la rentabilidad y las ganancias y las utilidades sean fruto de su gestión y su eficiencia. La ciudad no puede seguir alcahueteando la ineficiencia de los privados a costa de los usuarios.
LFA. ¿Y se le aplicará a Transmilenio?
ASM. La gravosa tasa del 16 por ciento que paga la ciudadanía es lo que les ha permitido a los doce propietarios de Transmilenio-Bogotá hacerse dueños de Transantiago, en Santiago de Chile, y del Transmilenio de Lima, estar montando el de Panamá y apropiarse aquí de los de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Con las actuales tarifas por las nubes, el sistema Transmilenio se ha convertido en una veta de oro para unos cuantos avivatos. Pues llegó al fin la hora de que les empiecen a devolver a los bogotanos la deuda que han adquirido con la ciudad.
LFA. ¿Cómo ve usted el desarrollo urbano de la capital?
ASM. También ha estado al servicio de unos pequeños grupos de desarrollistas estrechamente vinculados al capital financiero. Hay que decirlo sin miedo y con franqueza. Lo que se ha producido es un modelo de desorden que hace de Bogotá una ciudad muy costosa en términos de desplazamiento de las personas, instalación de servicios públicos y dotación de infraestructura. Bogotá ha tenido procesos de expansión y procesos de densificación y tanto en los unos como en los otros, quienes han llevado la peor parte han sido los bogotanos más pobres, o bien porque sus barrios son declarados ilegales, o bien porque se los desaloja de sus viviendas con los planes de renovación urbana.
LFA. Bueno, ¿y cuál sería entonces la salida?
ASM. Hay que tomar una decisión de Estado e intervenir el suelo. No es posible que, por ejemplo, el alza en la vivienda de interés social, del 9 por ciento, haya triplicado la inflación. Una muy buena forma de intervención, para empezar, es que el Distrito sea empresario directo en la construcción, sin intermediarios del capital financiero. Es la mejor forma de intervenir el suelo. Para ello habrá que crear unos fondos especiales a fin de que los bogotanos más pobres, los de estratos 1 y 2, que constituyen el 50 por ciento de la población, puedan tener acceso a una vivienda. Y está por resolver también el problema del hacinamiento, padecido incluso por quienes han logrado hacerse a una casa.
LFA. Pasemos, doctor Suárez, al tema de las finanzas públicas, la otra fuente de renta en la ciudad.
ASM. El neoliberalismo está montando lo que llama la “ciudad global para los negocios”, un islote de opulencia en medio de la metrópoli-miseria. Son dos ciudades contrapuestas, ilustradas por el Índice Gini de 0,55, el tercero del país en desigualdad, siendo Colombia el sexto país más desigual del mundo. Pero lo más grave de todo es que quienes pagan el costo de la ciudad opulenta son quienes viven en la metrópoli-miseria. El contraste se refleja claramente en las finanzas públicas. Hoy el tendero paga más impuestos que la trasnacional minera Drummond, de Estados Unidos. La Drummond va a estar exenta en Bogotá durante los próximos diez años del impuesto de industria y comercio, mientras que la Cámara de Comercio y la Secretaría de Hacienda persiguen con saña a los pequeños comerciantes. Vamos a presentar un proyecto de acuerdo, ojalá antes del TLC, para modificar esas exenciones a las grandes empresas mineras, financieras e inmobiliarias.
LFA. ¿Qué propone usted sobre el impuesto de plusvalía a las construcciones suntuarias?
ASM. Bogotá tiene que dinamizar el impuesto de plusvalía. La Ley 388 consagra dos fuentes de ingreso para desarrollar obras públicas en la ciudad, la valorización y el impuesto de plusvalía. Les voy a dar este dato. Los inmuebles que se han construido en la ciudad durante los últimos ocho años, en especial, las residencias de estrato 5 y 6 y las construcciones comerciales e industriales, que pueden sumar más de diez millones de metros cuadrados, no pagan por impuesto de plusvalía más de $3.000 por metro cuadrado. Sí, no se asusten. Tres mil pesos en promedio. El hecho no tiene ninguna justificación. ¿Quiénes son entonces los que están financiando de verdad el desarrollo urbanístico? Las grandes mayorías. Otra situación que tiene que modificarse con una mirada equitativa. Hay candidatos que hablan mucho de equidad pero que no proponen nada en el campo de las finanzas públicas.
LFA. Aurelio, hay unos temas propios de nuestra Localidad sobre los que le vamos a pedir una opinión. Dos proyectos en particular: la demolición del Coliseo Cubierto y la ampliación de Corferias.
ASM. Hay un fenómeno de desplazamiento interno que ha venido afectando a las capas medias y a las familias más pobres. No acepto de ninguna manera que se quiera montar en Bogotá, tumbando el Coliseo Cubierto, un escenario multipropósito estilo el Madison Square Garden o el Luna Park de Buenos Aires, sobre la base de expulsar a diez mil familias arraigadas desde hace veinte o treinta años en los barrios circundantes de la UPZ Galerías y de Barrios Unidos, sacrificando además los humedales, y todo por un plan de negocios concentrado en el entretenimiento. Habrá desalojo y desplazamiento en los barrios aledaños a Corferias, cuyas viviendas serán feriadas a la barata, como viene ocurriendo ya con los barrios de Fontibón y Engativá contiguos al Aeropuerto El Dorado. En los tres casos podrían ser desalojadas veinte mil familias, una prueba fehaciente de que son las mayorías quienes terminan pagando en carne propia los jugosos negocios de una pequeña minoría.
Aparte del programa
Esta propuesta es diferente a todas las demás. Se inspira en el Ideario de Unidad del PDA por una Colombia soberana y de verdad próspera y democrática. No sigue las políticas del libre comercio neoliberal y las privatizaciones, porque ellas están en la base de las graves carencias que afectan a tantos bogotanos, el principal problema de la ciudad, cuya desigualdad social es de las peores de América Latina. Es evidente que el desarrollo de los aciertos sociales de las alcaldías del Polo requiere ponerle control a la lógica plutocrática que azota a Bogotá.
Mejoraré los grandes avances sociales de las alcaldías del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, entre ellos, los alcanzados en educación gratuita, cubrimiento y calidad de la red pública hospitalaria y comedores y refrigerios del programa de seguridad alimentaria. Habrá plena gratuidad educativa desde preescolar hasta el grado once y uniformes para todo el estudiantado. Además de afinar la red de salud del Distrito, volveré ciento por ciento pública la EPS distrital y esta no funcionará con las perversiones de las EPS. Y se avanzará en seguridad alimentaria.
La ciudadanía, y no el monopolio, será la protagonista de la movilidad. Bogotá no puede seguir con uno de los pasajes de transporte público más caros de América Latina. Combatiré la “guerra del centavo” impuesta a los conductores, y esto mejorará la movilidad. Se disminuirá la tarifa de Transmilenio, encarecida por un contrato leonino. El metro será público y subsidiado por el Estado.
El agua se considerará un derecho y se fijará un consumo mínimo vital gratuito para todas las viviendas (en Nueva York toda el agua es gratuita). No habrá gestores privados en el acueducto de Bogotá.
Habrá cero tolerancia a la corrupción. Cada funcionario tendrá que ser honrado y parecer honrado. Esto lo afirma quien con toda autoridad dice que hay muchos colombianos tan honrados y pulcros como Aurelio Suárez, pero no más. Se modificarán las normas distritales y se propondrá cambiar las nacionales que facilitan y estimulan la corrupción. Se promoverá que la ciudadanía actúe como un poder en la lucha contra la corrupción. La austeridad en el gasto será criterio importante en la toma de decisiones. El Distrito usará programas de computador de uso libre y gratuito.
Protegeré la industria de Bogotá, muy amenazada por los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y Corea, que le hará un grave daño a la producción y el empleo de la ciudad. La contratación distrital tendrá entre sus criterios el estímulo a la producción nacional y a la creación de empleo.
Seré abanderado del trabajo digno. No más tercerización laboral en las entidades distritales, que respetarán los derechos democráticos de los trabajadores.
Las alcaldías del Polo Democrático Alternativo son las que más han incrementado el gasto en seguridad. Asumiré el deber del alcalde en el diseño de las medidas de seguridad, a partir de criterios democráticos y de la idea planteada en la Constitución de la policía como un cuerpo armado pero cívico, cercano a la ciudadanía. Mediante casas de la convivencia se promoverán todas las formas de organización y participación ciudadanas.
La defensa del medio ambiente jugará un papel fundamental en las decisiones del Distrito.
La política de Mujeres y Equidad de Género avanzará hacia la conquista de “la mitad del cielo”. También se profundizarán las políticas democráticas hacia las comunidades LGTBI, afrodescendientes, indígenas y pueblos ROM.
La cultura y las artes gozarán de un debido y especial respaldo de la Alcaldía.
Las víctimas y desplazados por la violencia tendrán en Bogotá una ciudad hospitalaria y democrática.
Posted in: Edición 3
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