Nueva amenaza de desplazamiento para los bogotanos que viven cerca del Coliseo y del Estadio el Campín

Por Ángela Escobar; angelaescobarg@gmail.com

El periódico El Tiempo, del 19 de mayo, en un artículo titulado “¿Estadio y Coliseo El Campín tienen los días contados?”, explica la propuesta “innovadora” de tres firmas, dos colombianas, Ospinas S.A. y Juan Gaviria Restrepo y Cía., y una de Estados Unidos para renovar por completo el área de 22 hectáreas en las que se encuentran estos escenarios deportivos. La propuesta formula la demolición total de El Campín y El Coliseo con el fin de construir un estadio multipropósito para conciertos y partidos de fútbol, una plaza de eventos masivos de 40.000 m2, un escenario cultural, un hotel, un centro de convenciones, una torre de oficinas y un centro comercial.

En elnuevosiglo.com de julio 21 aparece otra propuesta para construir la Villa Olímpica El Campín que incluye centro de convenciones, escenario multipropósito, viviendas, hoteles, comercio y oficinas.
Estos proyectos se enmarcarían en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, que incluyen las alianzas público-privadas. Alex Vernont, persona muy cercana al alcalde, afirmaba el 25 de febrero en La Silla Vacía: “En el escenario del estadio, plantearse un gran tema de ciudad. Un espacio icónico con escenarios deportivos, un centro cultural, todo lo que la ciudad necesita de escenarios públicos, es primordial.”
Las alianzas público-privadas, regidas por la Ley 1508 del 10 de enero de 2012, un instrumento de Santos para vincular capital privado a la contratación pública, son perversas. No solo entregan la contratación pública a los grandes grupos inversionistas y financieros, como lo denunció el senador Robledo, sino que permiten los contratos de concesión para recuperar la inversión privada. El Distrito aportaría el lote y los privados asumirían la construcción del proyecto seleccionado por valores cercanos aproximados al billón de pesos, dinero que recuperarían con creces explotando comercialmente el negocio durante 30 años. Las propuestas son similares al contrato de Transmilenio. El Distrito construye la infraestructura, los privados usufructúan el negocio y los usuarios pagamos una de las más altas tarifas de transporte urbano de Latinoamérica.

Estos proyectos son contradictorios con los objetivos demagógicos trazados en el Plan de Desarrollo distrital. Si las intervenciones urbanas priorizadas como la de El Campín generan este tipo de macroproyectos y para empeorar, la redensificación del centro ampliado que también se contempla en este Plan entre las calles 63 y 53 y entre la 30 y la Caracas, en total 200 hectáreas, quedaría en letra muerta la iniciativa del mismo Plan para “Orientar los procesos de renovación urbana hacia proyectos incluyentes e integrales que tengan como prioridad proteger la permanencia de los propietarios y habitantes originales”. Significaría no sólo cambios en el uso del suelo, como lo denunció el Concejo, sino que generaría un apetito especulativo por parte de grandes monopolios nacionales y extranjeros interesados en invertir en este sector, lo que amenazaría con desplazamiento a sus habitantes, muchos de ellos residentes desde hace décadas. Esto lo demuestra la avalancha de inversionistas privados interesados en construir en este globo de 200 hectáreas que son “un bocado de cardenal”, puesto que nuestra localidad por su ubicación privilegiada y por tener las redes madres de los servicios públicos, garantiza que el tiempo para recuperar el capital invertido es mínimo.

Tampoco es coherente con las políticas de la Bogotá Humana que los residentes se enteraran por el periódico El Tiempo y elnuevosiglo.com, dado que las administraciones distrital y local nunca socializaron con los residentes afectados su interés por intervenir estos terrenos. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que una de las apuestas del Alcalde fue supuestamente la de fortalecer los mecanismos participativos como lo expresó en su primera entrevista a Semana: “Lo que queremos es dar un gran salto en participación ciudadana, por lo menos un millón de personas participando. Un Estado progresista, que se pliega a la población misma”

Ante esta amenaza,….
Queremos alertar que la demolición del Estadio le implicaría al Distrito un severo detrimento patrimonial, por cuanto en el 2011 se invirtieron para su renovación más de 30 mil millones de pesos para el Mundial de Futbol Sub-20.

Ante este oscuro panorama, donde el interés privado se opone al interés público, llamamos a la resistencia civil de los residentes para que no sólo rechacen estas propuestas sino para que no se dejen engañar cuando avivatos con argucias les ofrezcan compra de sus viviendas.

Posted in: Edición 4