8:30
Patricia Cifuentes Osorio
Cada cuatro años, los ciudadanos fijan sus esperanzas en que el nuevo mandatario resuelva los hondos problemas que sufre la sociedad. En el caso colombiano cerca de 22 millones de ciudadanos viven en condiciones de pobreza y 8 millones en la pobreza absoluta. Casi 3 millones carecen de empleo y si se suman quienes viven del rebusque, cerca del 80% de los pobladores no cuentan con trabajo estable ni bien remunerado. Es decir, la gran mayoría de quienes habitan esta nación no logran hacerse a los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud, educación y recreación. Condición que, según la ONU, ubica a Colombia como el cuarto país más desigual del mundo, donde “el 10 por ciento más rico de la población se queda con la mitad del PIB mientras al 10 por ciento más pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6 por ciento del PIB”, según afirma Fedesarrollo.
En términos de producción el país se encuentra en un desbarajuste preocupante: en los últimos cinco años la agricultura ha crecido 2.7% en promedio, una tasa mediocre, a la vez que pierde cada vez más participación en el total de la producción. Si por el agro llueve, por la industria no escampa: hoy tenemos menos establecimientos industriales y menos personas remuneradas que en 1990. Durante la última década, el crecimiento de la economía se explica por el aumento en la extracción y venta de recursos naturales sin ninguna transformación, que sirven de materia prima para las industrias más poderosas de las potencias globales, exportaciones que dependen en buena parte de factores externos que no controlan las autoridades locales y que ponen a la economía nacional al vaivén de intereses foráneos.
Con un diagnóstico tan desalentador, la pregunta es si el actual Plan Nacional de Desarrollo, que acaba de aprobar el Congreso, es capaz de sacar al país del atraso y encauzarlo por la senda del avance científico-tecnológico. Aunque en apariencia el estilo de Santos presente diferencias con el Uribe, la orientación es la misma. El eje central de su política profundiza el “libre comercio” y la inversión extranjera como motor de desarrollo. Santos prometió que defendería la “confianza inversionista”, estrategia oficial creada para colmar de beneficios al capital extranjero sobre la base de una mayor extracción de riqueza nacional y una sobreexplotación de su mano de obra.
Es la misma política que fracasó en los últimos años. En los primeros 9 años del siglo XXI, la cuenta corriente de la balanza de pagos fue negativa en US$26.234 millones. La cuenta que mide la entrada y salida de ganancias del capital también lo fue en US$54.654 millones, cifras que señalan a Colombia como un perdedor neto de la globalización.
El PND tiene 119 menciones a las llamadas “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”. Como lo anota Aurelio Suárez, es un plan de negocios para el capital privado a través de “alianzas público-privadas”, con el cual Santos les crea nuevas formas de ganancia a los monopolios y trasnacionales. Las reformas emprendidas por Santos como la ley del primer empleo, la reforma a la salud y la de la educación, son hechas para terminar de entregarles a los privados el control de sectores socialmente sensibles y acabar de convertir en una mercancía lo que durante décadas se consideró un derecho.
Por fortuna, nuestra sociedad no se deja engañar por aquellos sectores oportunistas que ven en Santos una esperanza de cambio. Camioneros, sector salud, obreros, maestros, estudiantes, mineros nacionales y comunidades han protagonizado masivas protestas que tienen como propósito descarrilar las “locomotoras” que nos llevan al abismo. La del PDA es la única bancada que se ha opuesto a este plan de subdesarrollo, que no busca otra cosa que entregarle la riqueza del país a un puñado de nacionales y extranjeros, a quienes no les importa el futuro del país.
Posted in: Edición 2
0 comentarios:
Publicar un comentario