Robinson Sánchez, Abogado Univerisidad de Antioquia. Artículo publicado en el periódico franja amarilla de Teusaquillo No 2 de junio de 2011. Correo electrónico: robinpda@gmail.com
Un profundo debate vive el país por la reforma política aprobada por el Congreso y que está en revisión de constitucionalidad. La mayor preocupación se encuentra en un artículo que saca del censo electoral a quienes no votamos en las elecciones inmediatamente anteriores. El Polo Democrático afirma que esto atenta contra el ejercicio de la oposición, porque nuestro Partido convocó a la abstención activa en la segunda vuelta de las anteriores elecciones presidenciales.
La decisión es una limitante para la participación política de grupos poblaciones que mantienen cierta apatía a los procesos electorales tras largos años de exclusión política y social, como es el caso de las personas LGBTI. Esta población tiene bajos índices de participación electoral, en un Estado que ha sido incapaz de garantizar sus derechos y su ciudadanía plena y de generar espacios atractivos para su movilización. Más preocupante aún son las manifestaciones de la violencia por identidad de género y orientación sexual, que se han traducido en una serie de desplazamientos y migraciones en búsqueda de mejores oportunidades económicas y ambientes más amables para el desarrollo de su identidad.
Esto va en contravía de los esfuerzos de quienes trabajamos por la participación política de las personas LGBTI. Con razón, el magistrado Juan Pablo Cepero, presidente del CNE, se expresó en desacuerdo con esta reforma, al decir que “en los mecanismos de participación ciudadana, la abstención tiene un efecto político y jurídico”. En el mismo sentido se han expresado las máximas autoridades electorales. Sin embargo, aún no está claro que el registrador pueda poner en vigencia esta ley antidemocrática, y para el caso particular de las personas LGBTI, no importa mucho, porque las particularidades expuestas de su ejercicio electoral no son coyunturales sino estructurales y los efectos nocivos de la reforma se sentirán en el futuro.
Sacar del censo electoral a los y las abstencionistas limita la participación de nuevos sectores sociales, y este año en particular, se muestra como una jugarreta para debilitar a la oposición.
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