Por Luis Humberto Calderón Muñoz, Coordinador CODECE. Correo electrónico: comitedefensacerramientos@gmail.com. artículo publicado en el periódico franja amarilla de Teusaquillo No 2 de junio de 2011.
Grandes cerramientos se han construido a lo largo de la historia con el único fin de establecer una relativa seguridad en determinados territorios. La Gran Muralla China buscaba proteger al gran imperio de sus vecinos hostiles. La misma función cumplían la Gran Muralla de Lugo, en España, y las Murallas Servinas, alrededor de Roma. Los fortines de Cartagena fueron una barrera contra las permanentes incursiones de piratas y bucaneros.
Regresando a nuestra época y entrando en la cruda realidad, nuestras ciudades padecen grandes inconvenientes de seguridad, reflejados en hechos delincuenciales tales como homicidios en las calles, hurtos, merodeo de pandillas, consumo de sustancias alucinógenas y demás factores negativos que han provocado la búsqueda de medios de protección para obtener una mínima tranquilidad.
Y es allí precisamente cuando algunos barrios acuden a los cerramientos, los cuales constituyen un cierto porcentaje del precio cuando se está buscando vivienda. Sin embargo, y en contravía a las necesidades, en Colombia no existe una legislación clara sobre el tema, lo que ha originado un conflicto entre unos y otros derechos de carácter constitucional. Los mandatarios locales han dado prelación a un derecho colectivo como lo es el derecho al espacio público, por encima de derechos fundamentales que se ven vulnerados por la inseguridad, como lo son el derecho a la vida, a la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales de los menores, todos de rango constitucional.
Este conflicto de derechos genera una problemática que ha llevado, en muchas ocasiones, a que se degraden los sectores donde se ha recuperado el espacio público, incluso con pérdida de vidas, todo porque las comunidades buscan su protección y seguridad. Es lamentable, por ejemplo, el caso del barrio Luna Park, en Bogotá, donde perdieron la vida dos personas por la recuperación de ese espacio público, y más lamentable aún, la arbitrariedad de la Administración de aquella época, ordenando tumbar un muro para abrir un parque que utilizaba una agrupación residencial. Ese espacio hoy es hotel de indigencia, orinal público, expendio y sitio de consumo de sustancias alucinógenas y, en algunos casos, lugar de atracos.
La problemática no termina ahí. Ahora, en particular en la localidad de Teusaquillo, vemos cómo no solo quieren acabar con los cerramientos, sino que también las empresas de servicios públicos buscan apoderarse de las zonas comunes (áreas de propiedad privada pertenecientes a la copropiedad), es decir, nos quieren quitar ahora hasta el espacio por el cual todos los propietarios pagan impuestos, mantenimiento y cuidado, como es el caso de Codensa, que en el Centro Nariño pretende apropiarse todo un terreno.
Teniendo en cuenta estos dolorosos hechos, además de diversos acontecimientos que se vienen sumando, es que se hizo necesario crear un grupo que defendiera esos intereses. Es así como nace el Comité Defensa de Cerramientos, CODECE, el cual busca el reconocimiento de los derechos fundamentales a través de los cerramientos, los cuales no pueden ser inferiores en ningún momento al derecho colectivo del espacio público, más si se tiene en cuenta que la protección de todos no solo es un derecho, sino una obligación del Estado.
¡Defender los cerramientos, un deber de la ciudadanía en pro de la seguridad de nuestras comunidades!
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