Entrevista con Aurelio Suárez Montoya, hoy candidato a la alcadía de Bogotá por el PDA. Artículo publicado en el periódico franja amarilla de Teusaquillo No 2 de junio de 2011
Aurelio Suárez Montoya, bogotano de pura cepa e ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido, el Polo Democrático Alternativo. Director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Profesor universitario, es en la actualidad columnista del periódico La Tarde, de Pereira.
La Franja Amarilla de Teusaquillo entrevistó a Aurelio Suárez Montoya sobre el tema de la Alcaldía, la privatización de la ETB y los contratos de aseo y de recaudo.
La Franja Amarilla. Según la ley lo ordena, el alcalde Samuel Moreno, hoy suspendido por el Procurador, debe ser sustituido por una persona de su mismo Partido. ¿Cree usted que el presidente de la República está desobedeciendo la ley?
Aurelio Suárez Montoya. Si nos atenemos a los hechos, todo indicaría que el presidente Santos quiere burlar la ley para birlarle al Polo la Alcaldía de Bogotá. No es una afirmación temeraria. Samuel Moreno Rojas lleva casi un mes suspendido y es la hora en que sigue como encargada de la administración distrital la actual ministra de Educación, una persona totalmente ajena al Polo, como lo es el mismo presidente Santos, y que durante años estuvo vinculada como presidenta ejecutiva a la Cámara de Comercio, es decir, a la crema de los grandes negocios. Si hubiera sido fiel a lo dispuesto por la ley, ni siquiera por unas horas el presidente Santos habría podido designar a esta dama como alcaldesa encargada.
LFA. ¿Qué se configuraría, prevaricato?
ASM. Yo no soy abogado y tampoco soy la persona a quien le toca definir si el presidente de la República pisoteó las normas que juró obedecer el 7 de agosto. Me limito a mirar los hechos. Durante casi un mes, Santos ha puesto en práctica una verdadera operación tortuga contra el Polo. Objetó en público a dos de los ternados, les ordenó después a los jurídicos de Palacio que emitieran un preconcepto, le devolvió la terna al PDA con nuevas objeciones, elevó consulta al Consejo de Estado y, en estos días, se encuentra entrevistando uno por uno a los candidatos propuestos por nuestro Comité Ejecutivo. Me huelo que si sigue como va, el proceso será tan lento, que en la práctica se va a traducir en una alcaldía santista de aquí hasta diciembre.
LFA. ¿Hay razones políticas?
ASM. Saltan a la vista hasta para los ciudadanos medianamente informados. Entramos en una campaña electoral cuyo eje será la lucha por la Alcaldía de Bogotá. Es, digámoslo así, la joya de la corona. El solo hecho de que sea el santismo el que inaugure el puente de la Calle 100, o las obras de la Calle 26, o el Supercade del Sur, o el Portal del 20 de Julio, ya está incidiendo en la campaña. Pero hay otra razón de fondo, no menos evidente: para la derecha colombiana, y aquí incluyo al procurador, se ha convertido en una obsesión aislar al Polo y crearle dificultades. Sabe que el PDA es el único partido político que se ha opuesto, desde la época de Uribe, a la confianza inversionista, a los TLC, a las bases militares gringas, a las privatizaciones, a la intermediación financiera en la salud, a la política de concentración de la propiedad rural, en una palabra, a la plutocracia en el gobierno. Y también el único en capacidad de movilizar a la población contra estas políticas funestas.
LFA. ¿Y razones de tipo económico?
ASM. La plata, a secas, los negocios en grande. Les doy este dato para que entendamos lo que se viene moviendo por debajo. Están en juego en lo que resta del año contratos por trece billones de pesos, millones de millones, sumas que no alcanzamos a imaginarnos.
LFA. ¿Cuáles negocios en concreto?
ASM. El mayor, el del Metro, que vale 4 billones. La alcaldesa encargada ya congeló el proyecto, para que sea la propia Casa de Nariño la que tome el control. Lo segundo, la privatización de la ETB. El presidente acaba de nombrar una alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas Michelsen, secretaria del gabinete ministerial y exconcejal de Cambio Radical, ante el impedimento de la doctora Campo para presentar el respectivo proyecto ante el Concejo por ser accionista de ETB. Será Cristina Plazas quien mueva de aquí en adelante el trámite respectivo. Se trata de una venta de la ETB como gallina flaca por cerca de 2,5 billones. Están pendientes de adjudicación los contratos de aseo por ocho años, que valen casi 3 billones; el del recaudo del Sistema Integrado de Transporte por 2,7 billones para 16 años, y el de semaforización por 265 mil millones. La torta es grande, como lo pueden apreciar. Sume no más.
LFA. ¿No necesitaría Santos mucho tiempo para concretar estos negocios?
ASM. La licitación del aseo está para el 26 de julio y la del recaudo del Sistema Integrado de Transporte, para el 29 de junio, y si la bancada de la Unidad Nacional se comporta tan dócil en el Concejo como lo ha sido en el Congreso, la autorización para la venta de la ETB será en un santiamén.
LFA. Detállenos cómo será lo de la privatización de la ETB.
AFS. Lo primero que quiero dejar en claro es que la Junta Nacional del Polo, el
Comité Ejecutivo Nacional y cada una de sus instancias directivas, incluida la bancada en el Concejo, rechazan en forma terminante que sea privatizada la ETB. Lo segundo, los polistas nos oponemos como un asunto de principios a que una empresa pública ya madura termine en manos del capital privado. Lo anterior es aún más cierto en el caso de la ETB, una empresa estratégica. Hay de por medio un argumento de soberanía. Lo tercero, desde el punto de vista financiero, la privatización no es necesaria. Para inyectarle recursos frescos, si fuere necesario, bastaría tomar un crédito a bajo costo. Y lo cuarto, es una empresa que disfruta de enormes ventajas comparativas. Tiene el 26% de la telefonía básica, el 20,7% de larga distancia nacional, el 20,5% de Internet, el 25% de larga distancia internacional saliente, el 25% de TIGO, la empresa de telefonía móvil con mayor incremento en el margen de EBITDA en los últimos años y también en el margen neto, que contrasta con la caída de Movistar. Tiene además el mayor margen de EBITBA en la telefonía fija y el mayor margen neto de la telefonía fija, en lo que supera incluso a Telefónica. Y por último un dato muy elocuente, en 2009, Telmex perdió 19.586 millones, mientras que ETB ganó 202.956.
LFA. Toquemos el tema de corrupción.
ASM. El Comité Ejecutivo definió su criterio: las responsabilidades penales son
individuales y si hay condenas, que hasta ahora no se han dado, se tomarán las medidas del caso. Aquí aprovecho para poner de manifiesto un hecho que hoy se oculta. Desde la propia Casa de Nariño se montó con el DAS una “empresa criminal”, tal como la calificó la Fiscalía, para mostrar que la Alcaldía
del Polo era corrupta. Y me pregunto: ¿no será muy corrupto lo que está haciendo Santos con su baraja de alcaldesas?
LFA. Hemos leído que usted afirma que sigue la Operación Amazonas. ¿Podría ampliar esa denuncia?
ASM. Estamos en la segunda fase de la Operación Amazonas, que es abierta y no secreta, como la del DAS, ahora hasta con el procurador metiendo la mano y con desaforados editoriales de la gran prensa. Y otra pregunta que me atrevo a hacer: ¿por qué se calla que la Corte y la Fiscalía siguen metiendo a la cárcel y condenando a importantes congresistas de Cambio Radical, del Partido de la U –nada menos que el partido del presidente de la República– y del Partido Conservador, acusados de graves crímenes?
LFA. ¿Qué salida nos propone usted a la ciudadanía capitalina?
ASM. El Polo debe emprender una campaña de denuncia política que cualquier demócrata que conozca así sea superficialmente la Constitución Política debería apoyar. Pero también, y específicamente en el caso de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, las organizaciones sindicales y sociales tienen que encabezar una gran movilización ciudadana para evitar el raponazo de
este patrimonio público de los bogotanos. En el caso del transporte y del aseo, se sigue marginando a los pequeños transportadores, pero ante todo se profundiza la condición de tributarios impenitentes de ocho millones de habitantes a favor del puñado de familias que, en ambos campos, se han convertido de hecho en los “dueños de Bogotá”.
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