Nuestra salud mental, una reflexión urgente

Por Fabio Hoyos, barrio Salitre; fabiohoyos12@telecom.com.co

Entre 2001 y 2003 se desarrolló la Encuesta Mundial de Salud Mental liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como parte de esa iniciativa, el Ministerio de la Protección realizó el Estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2003.

El estudio consistió en una encuesta diagnóstica de 4.544 adultos entre los 18 y 65 años de edad, residentes urbanos de diferentes estratos socioeconómicos de 60 municipios de 25 departamentos del país, la mayoría de ellos casados o en unión libre (55%) y trabajando (53%). El resto eran estudiantes (7,79%), amas de casa (25,14%), pensionados (2,53%) y otros (11,3%).

Los resultados de la encuesta mostraron que alrededor del 40% de los colombianos presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida, el 15% en los últimos 12 meses y el 7,1% en los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron los trastornos de ansiedad (19,3% alguna vez), seguidos por los del estado de ánimo (15%) y los de uso de sustancias (10,6%). Sólo una de cada 10 personas con un trastorno mental recibió atención psiquiátrica.

Los resultados en cuanto a los trastornos por uso de sustancias, indican que uno de cada 15 colombianos abusa del alcohol. La diferencia por sexo es marcada, si tenemos en cuenta que uno de cada 10 hombres (10%) abusa del alcohol comparado con una de cada 80 mujeres (1,3%).

De los hallazgos no se establecieron correlaciones con aspectos relevantes del entorno como el conflicto armado, el desempleo y otros factores psicosociales, además, no se indagó sobre maltrato, abuso sexual, estrés post-traumático, ni sobre la salud mental de la población campesina y los desplazados, el sector más vulnerable y olvidado hasta en las encuestas. Además, este estudio no motivó una revisión de las políticas en salud del Estado ni la inclusión de la salud mental en las mismas.

La deuda que tiene el Estado colombiano con el campo de la salud mental es evidente. Del presupuesto total de salud, el porcentaje asignado a la salud mental es de los más bajos de la región, 0,1%. En contraste, Argentina, Perú, Chile y Brasil asignan entre 2 y 3%, en tanto que Uruguay, el 8%. Eso sin contar con agravantes tales como la inequidad (Colombia ocupa el tercer puesto en el mundo después de Haití y Angola), en donde cerca de la mitad de su población vive en condiciones de pobreza, y el 27%, en condiciones de indigencia, generando grandes vulnerabilidades. Así como el desplazamiento forzado de más de 4 millones de compatriotas (segundo puesto en el mundo), el cual se asocia con sufrimiento emocional y modifica en las personas su forma de vida, su entorno, sus referentes, su papel y las exigencias externas, lo cual es particularmente impactante en los niños, niñas y jóvenes.

Con el proyecto de ley Esperanza 044 de 2011, iniciado a finales del 2011, y aprobado el pasado 10 de abril de 2012, Alba Luz Pinilla, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA), y demás compañeros de bancada, buscaron “crear una ley garantista a toda la población colombiana en el ejercicio pleno del derecho a la salud mental, como también al goce efectivo de los derechos humanos de quienes padecen trastornos mentales”.

Fortalecer el tejido familiar y social

Como punto de partida para construir comunidad, traigo a colación la propuesta y vivencia de una amiga trabajadora social, de trabajo comunitario en Los Mártires, orientado a la atención integral a la infancia, con visión participativa y comprometida por parte de la comunidad, en donde se dieron formas solidarias que nutrieron las relaciones humanas y afianzaron el vivir en comunidad, en tanto se avanzaba en la prevención del maltrato infantil e intrafamiliar y el desarrollo de prácticas de crianza bajo la cultura del respeto y amor a la infancia. “La atención a la primera infancia, tiene una importancia fundamental por ser esta una etapa del ciclo vital humano que comprende desde la gestación hasta los cinco años, etapa en la cual los niños y las niñas sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. Acontece en esta edad el mayor desarrollo neuronal, el desarrollo de habilidades básicas para el lenguaje, la comunicación individual y colectiva; se establecen las capacidades para las relaciones afectivas, habilidades de autocuidado, y se produce el reconocimiento de sí mismo y del entorno físico y social. Y aunque estos procesos siguen ocurriendo durante el resto de la vida, es en la primera infancia donde se realiza el mayor desarrollo, sentando las bases de un sujeto social” (Rastreando el concepto de Comunidad, Ela Téllez).

Es importante también propender al mejoramiento del tejido familiar, cuyo indicador de funcionalidad se valora con parámetros tales como la capacidad de adaptación de los miembros de la familia a los cambios, el grado de participación dentro de la familia en la toma de decisiones, el apoyo al desarrollo de cada uno de sus miembros, las relaciones de afecto y la manera como comparten el tiempo, el espacio y el dinero.

Y con respecto a nuestra biología social, tenemos que: “El descubrimiento más importante de la neurociencia es que nuestro sistema neuronal está programado para conectar con los demás, ya que el mismo diseño del cerebro nos torna sociables, al establecer inexorablemente un vínculo intercerebral con las otras personas con las que nos relacionamos” (Inteligencia social, Daniel Goleman, 2007).

Hace ya casi un siglo, Charles Darwin señaló que la empatía, preludio de la acción compasiva, ha sido una herramienta de supervivencia muy eficaz. ¿Pero por qué, se pregunta Goleman, si el cerebro humano dispone de un sistema destinado a sintonizar con los problemas que experimenta otra persona y nos predispone a ayudarle, no siempre lo hacemos así? La respuesta más sencilla que se le ocurre es que tal vez las exigencias de la vida moderna nos empujan a mantenernos a distancia, debilitando así el impulso innato a ayudar. Pero es más bien el sentimiento de insolidaridad del “sálvese quien pueda” propio de actitudes antisociales inherentes a la ideología neoliberal.

En 1993, el gobierno de César Gaviria, con ponencia de Álvaro Uribe, reglamentó el sistema de salud mediante la Ley 100 y delegó una parte de su responsabilidad en el sector privado, aduciendo principios de “eficiencia”. Luego de casi 20 años de expedida la ley, hasta los más ingenuos de sus iniciales defensores han concluido que ella no se diseñó tanto para atender bien la salud de los colombianos , como para atender al máximo el negocio financiero que algunos hacen con la salud de los colombianos, que no es lo mismo.
Ante la corrupción, la inequidad y la indiferencia (invalidez social) de nuestros gobernantes neoliberales, debemos reafirmar con espíritu comunitario y solidario, “Solo habrá buena salud para todos el día en que la resistencia civil derogue la Ley 100 y establezca en la Constitución que no habrá intermediarios financieros propiciando la enfermedad y la muerte de los colombianos” (Jorge Enrique Robledo).

Y con los representantes de la comunidad hospitalaria, “Reiteramos el llamado a las fuerzas vivas del país para que apoyemos la reforma estructural del sistema de salud, donde esté primero la búsqueda permanente del bienestar de la población colombiana, reconociendo la salud como un derecho fundamental y priorizándola por encima de los intereses financieros de los diferentes actores” (12 marzo 2012, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, ESE, y Hospitales Públicos, ACESI).

Derogar la ley 100: la salud no es un negocio sino un derecho

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