La nueva Ley de Educación: el interés privado al mando en la universidad

Por Alejandra Santamaría, Derecho Universidad Nacional. Correo electrónico: asantamariam24@gmail.com. Artículo publicado en el periódico franja amarilla de Teusaquillo No 2 de junio de 2011.

Desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, la universidad viene sufriendo un deterioro progresivo causado por el afán del gobierno en renunciar a financiarla. La política oficial pone la educación al servicio del capital privado, convirtiéndola en una mercancía.

Los hechos lo demuestran: la continua desfinanciación de la universidad pública, obligada a incrementar la cobertura sin recibir un aumento proporcional de los recursos, se manifiesta en la creciente deuda del Estado al Sistema de Universidades Estatales, SUE, que supera los 600 mil millones de pesos. Esta situación llevó a la quiebra a las Universidades del Atlántico y de Pamplona y ha forzado a todas a autofinanciarse con alzas de matrículas y venta de servicios tales como la investigación y la extensión, caso ya visto en la Universidad de Caldas, donde las matrículas se han disparado en 333%, y en la Universidad Nacional de Colombia, donde gran parte de la investigación se destina a la producción de biocombustibles.

Con la reforma a la Ley 30, el presidente Santos suprime el papel del Estado como financiador de la universidad y golpea profundamente la autonomía universitaria. Las consecuencias serán nefastas, pues no tendremos universidades al servicio del desarrollo de nuestra nación, sino al servicio de las grandes trasnacionales y del capital financiero internacional, universidades adecuadas a las necesidades del mercado y no a las necesidades de los colombianos. En la nueva ley, Santos no hace incrementos reales en la base presupuestal de la universidad. Los recursos adicionales que se proponen vienen condicionados a “indicadores de gestión” tales como cobertura, productividad, formación de los docentes y promoción de la investigación y la innovación, que estarán al servicio del capital financiero.

Entre las propuestas más lesivas de la reforma está la de cambiar el régimen de las universidades a “entidades con ánimo de lucro”, la entrega final de la educación pública al capital financiero. Se convierte a los estudiantes en clientes y la educación, en mercancía, y se le termina de asignar a la enseñanza un papel diferente para adecuarla a los dictámenes del neoliberalismo. Así, se les rebaja el valor a los pregrados y se acrecienta el de las carreras técnicas y tecnológicas.

La universidad será para quien pueda pagarla. Con los niveles críticos de desigualdad, pobreza, desempleo y exclusión, serán pocos los que tendrán acceso a ella.

Es deber de todos los colombianos y, en primer lugar, de los estudiantes estudiar a profundidad esta ley para así librar un debate serio. Para derrotar la reforma, organizarnos y movilizarnos en defensa del derecho a la educación es tarea fundamental. Solo mediante la resistencia civil lograremos vencer las oscuras intenciones del gobierno.

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