LAS REGALÍAS, NUEVO CAPÍTULO DE LA CONFIANZA INVERSIONISTA

Por Mateo Hoyos, Barrio,Correo electrónico: m.hoyos754@uniandes.edu.co, publicado en la franja amarilla edición 1.

El proyecto de regalías que cursa en el Congreso busca reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución para centralizar los ingresos derivados de la explotación de recursos no renovables. 

La primera excusa gruesa del gobierno para llevar a cabo esta reforma es la corrupción en departamentos y municipios. Si bien es cierto que la ha habido, es un descaro del gobierno aducir que ellos pueden administrar mejor estos dineros, cuando en el nivel nacional el zar anticorrupción ha encontrado niveles altísimos de malos manejos. Además, de los 8,9 billones de pesos que llegaron entre 1994-2009 al Fondo Nacional de Regalías, a cargo de Planeación Nacional, 4 billones aún no se han gastado y probablemente se perderán después de la nueva legislación. Fedesarrollo anota que además de no haber un claro manejo de recursos, se presentan ineficiencias tanto en el gobierno como en los departamentos. Es entonces un truco demagógico presentar este proyecto como una respuesta a la corrupción. 

El gobierno de Santos también sustenta el proyecto en la inequidad regional de las regalías. Los departamentos productores reciben mucho y los no productores, casi nada. Aparentemente, el argumento puede ser impresionante, pero olvida un análisis fundamental. La minería y el petróleo tienen la particularidad de dejar graves impactos ambientales de contaminación, devastadores en el caso de la gran minería, además de acabar con la agricultura y demás actividades productivas. Las mayores regalías solo compensan en parte los colosales daños, que no le pagan al país las trasnacionales que explotan el recurso.

Es de gran importancia notar que el proyecto de acto legislativo entraña una reforma constitucional encaminada a quitarles a los departamentos y municipios todo el derecho sobre estos recursos. Se pretende imponer una dictadura fiscal que atenta contra la descentralización, uno de los fundamentos de todo Estado democrático. No fue suficiente el recorte a las transferencias territoriales y ahora el gobierno central busca paliar el enorme déficit fiscal utilizando dineros primordiales para el desarrollo regional, en lugar de resolverlo gravando con impuestos a las trasnacionales, aumentando las regalías y reduciendo el gasto en defensa.

Todos los defensores de la reforma hablan de la estabilidad macroeconómica como algo de carácter urgente y necesario, pero ¿para quienes? Ante los crecientes vacíos fiscales surge la necesidad de garantizar estabilidad a los intereses foráneos, pues puede llegar el momento en que el déficit estalle y se perjudique a las trasnacionales. 

En conclusión, este proyecto es un nuevo capítulo de la confianza inversionista, que pretende solventar el déficit en la balanza de pagos, producto de las gabelas a los inversionistas extranjeros, en el que el interés nacional se ve supeditado al foráneo. Con los recursos de regiones donde reina la pobreza, el gobierno de Santos pretende garantizar la ganancia de las trasnacionales, condenando a Colombia a un mayor atraso.